Fondo revolvente: ¿quién paga el impuesto?
SANTIAGO MONTIEL Economista e investigador de Horizontal
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SANTIAGO MONTIEL
En su propuesta para reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE), el Gobierno está proponiendo lo que se ha llamado un “fondo revolvente”. Quienes reciben financiamiento público para estudiar una carrera en la educación superior se comprometen a aportar hasta un 8% de su ingreso por el cuádruple de años que estudiaron. Este mecanismo, inédito en el mundo, va en detrimento de aquellos que tendrán un mejor rendimiento profesional.
En términos generales, este nuevo sistema se aleja de la lógica de crédito contingente al ingreso que tiene el CAE desde las reformas del 2012. Esto es, un préstamo a tasa baja (2% real), que se paga según las condiciones laborales de los deudores; y en el que a los cesantes se les exime de pagar la cuota respectiva. La propuesta del Gobierno implica un pago que no está aparejado a los montos que haya solicitado el estudiante, sino que solo a los ingresos una vez egresado.
“Para analizar distintas alternativas de políticas públicas es necesario tener claro quiénes van a salir beneficiados y perjudicados. En este caso, la propuesta del Gobierno perjudicaría a quienes les va mejor”.
Por esto último, la propuesta del Gobierno perjudica a quienes tienen mejor rendimiento laboral. Pongamos un ejemplo. Estudiar ingeniería civil tiene un costo de $ 25.514.432 en valor presente. Con el CAE, el estudiante debe aportar una cuota de $ 128.855 por 20 años para saldar su deuda. Para un estudiante mediano, si estudia con el Financiamiento para la Educación Superior (FES), deberá aportar una cuota mensual de $ 176.082. En total con el FES este ingeniero civil contribuiría con $ 34.865.874 al sistema, 1,37 veces lo que le costó al fisco su carrera. Si nos vamos a los percentiles de rendimiento mayor, el problema se exacerba: un estudiante del 25% y 10% de mejor rendimiento terminaría pagando 2,1 y 3 veces lo que cuesta estudiar ingeniería civil.
A nivel de grandes números, estos no son casos excepcionales. Un cálculo preliminar, usando el arancel promedio de las carreras universitarias ($ 4,5 millones), indica que si un egresado gana más de $ 1,6 millón en promedio, terminará contribuyendo por encima de lo que costó su carrera. Con los parámetros propuestos, el 37% de la matrícula universitaria de pregrado se vería afectada por este impuesto.
Ahora, el proyecto avanza en agregar una capa superior de protección a quienes tienen bajos ingresos, pues crea un tramo de ingreso exento del pago de cuotas y una estructura escalonada de cuotas como porcentaje del ingreso. Al mismo tiempo, se ocupa de instalar un mecanismo de cobranza automático, el que se presume será más efectivo que el actual, que es la principal falencia del sistema.
Para analizar distintas alternativas de políticas públicas es necesario tener claro quiénes van a salir beneficiados y perjudicados. En este caso, la propuesta del Gobierno perjudicaría a los que les va mejor. La reforma al CAE debe tener como principal objetivo hacerse cargo de la tasa de morosidad y consiguientemente de la ejecución de garantías, a través de un mejor mecanismo de cobro. Avancemos para que la propuesta se haga cargo de eso, sin perjudicar a los estudiantes de alto rendimiento, y se deje atrás reformas que desincentivarán la formación de capital humano avanzado, insumo esencial para dar el salto hacia el desarrollo.